6o Informe Semanal COVID-INDUSTRIAL: Efectos en la economía, la industria y el empleo

Se llevó a cabo, bajo la coordinación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el Sexto Informe Semanal COVID-INDUSTRIAL, con la participación del presidente de la Confederación, Francisco Cervantes Díaz, del jefe de la Oficina de Presidencia, Manuel Pérez Cárdenas, así como de los voceros Raúl Picard, Alejandro Malagón y Guillermo Funes.

Las cámaras y asociación invitadas para exponer la situación y afectaciones de su sector derivados de la pandemia,   fueron la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo   y Promoción de la  Vivienda  (CANADEVI);  la  Asociación  Nacional  de  Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME).

En sus palabras de apertura, Manuel Pérez Cárdenas indicó que en la CONCAMIN  se  tiene  claro  que   el  daño a la economía infringido por esta epidemia sanitaria será devastador, y que salir de él exigirá contar con una visión estratégica, construida por todos los actores del gobierno y la economía, así como la inversión de cuantiosos recursos. Agregó que la mayoría de los países han aplicado medidas anticrisis consistentes en apoyar a las fuentes de trabajo y a

sus trabajadores, para no desestabilizar la estructura productiva y mantener vivas las condiciones que harán posible un retorno gradual y seguro desde el punto de vista sanitario.

Ejemplificó que “Alemania y Francia impulsarán la recuperación europea con un paquete inicial de apoyos de 500 mil millones de euros no reembolsables y los norteamericanos negocian un nuevo paquete económico, ahora de tres millones de millones de dólares adicionales. El fondeo de estos paquetes de ayuda será en buena medida con deuda, porque los países consideran que el costo de ésta es infinitamente inferior al que resultaría de un colapso total de la economía”.

Subrayó que en México, desafortunadamente y como excepción mundial, se piensa que apoyar a las fuentes de trabajo y al trabajo es igual a otorgar subsidios a la utilidad empresarial y privilegiar a unos sobre otros, nada más equivocado y destacó que el riesgo asociado a una posición como esa, al materializarse, terminará expresándose en la forma de miles de empresas quebradas y de casi dos millones de empleos formales e informales perdidos entre marzo y junio, si la peor condición se mantiene hasta esas fechas.

Consideró que el riesgo para nuestro  país es mayúsculo, porque en la nueva composición global de fuerzas podría ser que la debilidad estructural resultante de la no política frente a las consecuencias del   COVID-19   termine   neutralizando la gran ventaja estratégica que hoy nuestro país tiene por su vecindad con   el mayor mercado del mundo y por el inicio de la vigencia del T-MEC. Añadió que CONCAMIN se había adelantado  a los actuales acontecimientos al construir, desde mayo de 2018, sólidas relaciones con diversos países que ponen a México en una condición de ventaja para contribuir a que flujos importantes de inversión extranjera fluyan hacia nuestro país.

Pérez Cárdenas enfatizó que el llamado retorno a la normalidad no es a lo que dejó de ser, sino a condiciones completamente diferentes, inclusive desconocidas, mismas que deben definirse con claridad, y que requieren la directriz de una política industrial de Estado, con una visión de la región de Norteamérica. Puntualizó que en el reinicio operativo de un importante número de actividades el próximo 1º de junio, el proceso será gradual y deberá ser responsable y cauteloso para evitar contagios en las plantas industriales y que no solamente deberá tenerse  cuidado  en la seguridad sanitaria dentro de los lugares de trabajo sino también en el transporte redondo privado o público de los trabajadores, así como en las cadenas de proveeduría y clientes. “Se  trata de un proceso complejo de responsabilidad tripartita, es decir de los empresarios, los trabajadores y las agencias competentes del gobierno en sus tres instancias. No podemos fallar, porque si eso sucediera el precio podría ser de nuevo el cierre”.

En   relación a los  anuncios hechos recientemente por la Secretaría de Energía y la CFE, el presidente de     CONCAMIN,

Francisco Cervantes Díaz, comentó que  ha sido lamentable conocer cómo las autoridades  del sector

eléctrico han causado una inquietud innecesaria no solamente entre los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, sino también entre todos los posibles inversionistas nacionales y extranjeros y consideró que es muy grave lanzar señales que hagan ver a México como un país en el que no reina el Estado de derecho.

Resaltó que afortunadamente el Poder Judicial Federal admitió diversos amparos interpuestos por las empresas afectadas, lo que trajo como consecuencia la suspensión provisional de los efectos de las disposiciones anunciadas en favor de las partes que los interpusieron y lamentó que se quieran imponer disposiciones que pudieron ser consultadas y en su caso consensuadas. Dijo que los ingresos públicos estimados para  el 2020 no se alcanzarán, por lo que el Estado enfrentará la difícil disyuntiva de realizar recortes al gasto programado, elevar impuestos o contratar deuda.

Puntualizó que en  CONCAMIN  están  del  lado  del  diálogo  y  la concertación, por ello trabajan en propuestas que permitan caminar, junto con el gobierno y la sociedad, en la difícil situación económica y social que dejará esta crisis sin que el país pierda su posición de liderazgo como una de las más importantes economías del mundo. “Es el tiempo de construir juntos un plan de salida, proponer las medidas que resulten necesarias para lograr una rápida recuperación de la vida económica de la nación, con los menores costos sociales”.

En lo que se refiere a la preparación del regreso a la normalidad operativa, recordó que se tratará de un  proceso  complejo  que debe  ser  responsabilidad  de  las  empresas,  el  gobierno y los trabajadores, y que lo primero por cuidar es la salud de todos. Indicó que las empresas han trabajado intensamente para preparar protocolos de cuidado sanitario y cumplir con   los requisitos necesarios que permitan proceder a la apertura gradual a partir del día 1º de junio.

Cervantes Díaz dijo que nadie debe confiarse, porque descuidos que dieran lugar a brotes de contagio podrían  significar  nuevos cierres y enfatizó que las autoridades, especialmente las de estados y municipios, deben colaborar para coordinar     la aplicación de medidas de control sanitario en los espacios públicos, sobre todo en las unidades del transporte público. “Los retos por enfrentar en los próximos días serán mayúsculos, hago un llamado a los empresarios a entender a cabalidad su alcance, así como a estar preparados para este regreso, que exigirá una gran responsabilidad y coordinación”, finalizó.

El presidente de la Comisión de Estudios Económicos de CONCAMIN, José Luis de la Cruz, presentó información relativa a la situación del mercado laboral y algunos aspectos sociales y económicos que desde la CONCAMIN se considera necesario atender, porque las condiciones que se están viviendo en el segundo trimestre de este año podrían exacerbar los elementos de precarización social. Señaló que hasta el cierre del primer  trimestre y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el problema no es necesariamente la desocupación, sino una elevada precarización del empleo provocada sobre todo por la informalidad.

Indicó que al observar la tasa de desocupación del primer trimestre del año, -con números  reportados por INEGI- ésta  fue de 3.4%, pero no permite identificar al interior la mala calidad del empleo, y al revisar la tasa de condiciones críticas de ocupación se observa que la tasa de desocupación en 2020 para el primer trimestre es de 22.6%, es decir, casi la cuarta parte de la población laboral en condiciones críticas.

Consideró que el problema del empleo en México antes del coronavirus era que la mayor parte de éste no está registrado ante el Seguro Social, y si no se cuida la condición de las empresas que sí generan esa afiliación a la seguridad social la tendencia que se observa es de un preocupante crecimiento, ya que en este momento hay más de 34 millones de mexicanos ocupados pero sin acceso a la seguridad social.

Puntualizó que en el empleo informal hay 31 millones de personas ocupadas y al observar la cifra del primer trimestre, comparado con el primer trimestre de 2019, hay un aumento de casi 240  mil personas en esa situación, es decir,  la informalidad cuando  la vemos en términos absolutos crece y sobre eso crecen las condiciones de precariedad. Incluso en la informalidad y antes del coronavirus, ya existían elementos que permitían señalar que algunos elementos de trabajo enfrentaban situaciones problemáticas.

Aseveró que el mundo de la informalidad es 50% más grande que el de los trabajadores formales afiliados al IMSS; las cifras de abril señalan que éstos son menos de 20 millones, y es ahí en donde las empresas formales han tratado de generar protección, una red de cobertura social, pero incluso antes del coronavirus la informalidad era de 31 millones, es decir 11 millones más  que lo que se ha logrado crear de empleo que genera a su vez cobertura.

Recordó que en abril se perdieron 555 mil empleos, que implica un  aumento  de  1%  en  la  tasa  de  desocupación,  al  pasar de 3.4 a 4.4%, cifras que no se veían desde el fin de la crisis del 2009, lo que es preocupante ya que van a haber dos opciones: o se aumentará la tasa de desocupación o esas personas van a buscar una opción a través de la informalidad, el problema es que ante las estrategias de contención para evitar contagios, va a ser complicado que encuentren esa alternativa, lo que puede generar elementos de presión social que es importante atender.

José Luis de la Cruz comentó que claramente esto va a continuar en los siguientes meses, de ahí la preocupación en el sentido de que es probable que la informalidad, de acuerdo a las tendencias que se están observando, pase de 31 a 34 millones de personas al cierre de este año, un número nunca antes visto, que se va a transformar en precariedad laboral y la tasa de desocupación pueda rondar el 5.5%, que es la más elevada desde la crisis del 2009.

Asimismo, consideró que la tasa de condiciones críticas de ocupación, en donde los mexicanos no encuentran un empleo de calidad ha crecido de manera sistémica desde 2018, y en ese sentido se está considerando que actualmente hay 12.5 millones de personas que enfrentan esa condición crítica de ocupación y para el cierre del 2020 se estima serán 16 millones si no hay un entorno económico favorable para el desarrollo de las empresas formales.

Lo anterior se puede comprobar a través de las cifras del IMSS. La siguiente gráfica muestra cómo desde el 2019 las personas que ganan más de 5 salarios mínimos y están afiliadas al IMSS vienen a la baja y que durante el primer trimestre de este año continuó ocurriendo básicamente por la desaparición de empleo vinculado a la quiebra de empresas o a la reducción del empleo que están haciendo las empresas.

Subrayó que si se quiere evitar la precarización del mercado laboral, que implica precarización de las condiciones sociales de vida en México, se debe evitar la quiebra de empresas. Entre los elementos a considerar destacó la caída de la inversión. Apuntó que antes del  coronavirus  ya  había  una  reducción  de  27%  de la inversión extranjera directa, y el año pasado ésta ya había disminuido en más de 3%, la primera caída en  varios  años,  lo cual es grave porque sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay generación de empleo. Esta inversión tiene un impacto profundo en el vínculo con las empresas que invierten desde el extranjero en México.

Al observar la tendencia de la capacidad utilizada en la manufactura se puede señalar que si no hay un proceso de recuperación rápido, esta tendencia se va a seguir exacerbando.

Aseguró que el caso de  la  construcción  es  muy  indicativo,  en el gráfico que se comparte se observa la tendencia de la construcción por entidad federativa, la más baja desde 2006 y aquí el problema no ha sido el sector privado.

El presidente de la Comisión de Estudios Económicos enfatizó que lo anterior se ha generalizado en prácticamente todo el país, y resaltó que sólo tres estados tienen una tendencia clara al alza: Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, cuatro tienen una tendencia estancada: Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas y 25 estados tienen una tendencia a la baja. La tendencia de la construcción pública total va a la baja desde el 2012 y es inferior al 2006.

Indicó que en contraste se puede observar la tendencia de la construcción privada total, que se ha mantenido estable, las condiciones no han sido las más favorables para que crezca pero en realidad ha sido la construcción privada la que ha evitado que se deteriore la infraestructura, es la que ha generado el empleo y es importante que el sector público comience a hacer su trabajo de realizar inversión para complementarse con la parte privada.

Concluyó señalando que si no se genera una estrategia de unidad, de acuerdos nacionales, de fomento a los elementos básicos, como hacer atractivo a México para invertir, la inversión extranjera directa en 2020 puede caer 20%, y la inversión total caería cerca de 10.5%.

Posteriormente, los voceros del COVID-INDUSTRIAL presentaron los resultados de la encuesta digital aplicada entre el 16 y el   19 de mayo a las empresas de diversos sectores industriales, representados por CONCAMIN. Alejandro Malagón recordó que las encuestas se aplican con la intención de conocer el pulso industrial en tiempo real, y anticipó que en esta ocasión hubo cambios pequeños. Comentó que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 87% de la información y 91%   de las empresas se enfoca al mercado nacional, al igual que     el levantamiento anterior, un porcentaje importante de las empresas realiza sus actividades en prácticamente todo el país.

Añadió que el 95% de las empresas que respondieron la encuesta tienen un problema económico. Expresó que para cerca del 38% sus ingresos se han reducido entre el 76 y 100%; y 6 de cada 10 empresas tienen un problema en sus ingresos por lo menos del 50%.

Comentó que las demandas en productos han bajado de manera importante y con la ruptura de las cadenas hubo problemas de insumos, así la demanda, los insumos y la situación hizo que  los volúmenes de ventas pronosticados no se pudieran alcanzar, por tanto se presentó una baja importante en los objetivos del volumen de venta, que originó un impacto económico en el ingreso por las bajas ventas, ya que 6 de cada 10 empresas ven afectados sus ingresos debido a sus volúmenes de venta en más del 50%.

Malagón resaltó que, al bajar el volumen, baja el ingreso y se tiene problema con la cobranza, porque se deteriora la recuperación de la cartera; en este sentido, 6 de cada 10 empresas están  teniendo no sólo el problema de la caída de los ingresos por ventas, sino que están cobrando sólo el 50% de las mismas.

En relación a la reactivación de las operaciones, Guillermo Funes señaló que hay un mayor número de empresas que ya cuentan con una fecha definida, o por lo menos emitida por la autoridad, para poder reiniciar operaciones; de éstas, aproximadamente el 65% plantean que ocurra durante la primera quincena de junio.

Destacó que en cuanto a la viabilidad del negocio, casi el 98% de las empresas piensa retomar actividades y un 2% tendrá un cierre definitivo. En relación a la normalización de la producción, comentó que la encuesta reflejó la disminución del porcentaje de empresas que tienen incertidumbre sobre la fecha en que   la producción se normalizará: 69.5% tienen certidumbre al respecto, aunque 17.6% de ese mismo porcentaje considera que se van a normalizar las operaciones hasta el tercer trimestre del año.

En el tema de los protocolos para la reactivación de las operaciones, Funes indicó que mientras mejores sean éstos, la reactivación de las operaciones podrá ser más efectiva. Destacó que en este rubro 86 de cada 100 empresas tienen un protocolo de seguridad para ser aplicado en el momento en que se reanuden las actividades.

El Vocero del COVID-INDUSTRIAL expresó que la encuesta permitió identificar cuatro problemáticas fundamentales referidas por las empresas: problema de demanda, casi 63%;  de liquidez, 56%; paro de operaciones 48% y sueldos y salarios 38%. Asimismo, comentó que las dificultades de corrupción y falta de insumos se han incrementado.

En cuanto a personal empleado, dijo que los recortes se han incrementado de una semana a otra, resaltando que ya el 45% de las empresas redujo su plantilla, y al reiniciar actividades el 34% reducirán personal.

Guillermo Funes aseveró que el IVA es un tema fundamental y que al 91% de las empresas con saldo a favor aún no les ha sido devuelto, lo que quiere decir que el problema persiste. Y sobre los cargos fijos por servicio pese a la emergencia, 96 de cada  100 empresas siguen realizándolos.

Referente al tema de la delincuencia, el vocero informó que 60 de cada 100 empresas encuestadas ha notado un incremento a raíz de la emergencia sanitaria, 5 puntos por arriba de la semana anterior, y en el tema de corrupción casi el 15% de las empresas han sufrido extorsión por parte del crimen organizado o por alguna autoridad.

Para finalizar su intervención, dijo que el sector empresarial está demandando apoyos, que fundamentalmente se centran en cuatro puntos: diferir el pago de impuestos, apoyos para mantener el empleo, operación y créditos.

En lo que se refiere a apoyos gubernamentales para transitar la pandemia, indicó que el 94% de las empresas declaró no haber recibido ningún apoyo federal; 13% señalaron haber recibido apoyo estatal y 9% lo han recibido de sus municipios. En cuanto a la banca comercial, el apoyo a las empresas se incrementó a 21%, mientras que la banca de desarrollo ha brindado apoyo a solamente el 1.5% de las empresas.

Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI), e invitado para este informe, explicó que la vivienda es un gran dinamizador de la economía porque incide en 9 sectores de las 31 ramas de la economía y 79 clases; de éstas, resaltó que el 90% son de origen nacional, participan con el 5.9% del PIB (un billón 45 mil 970 millones de pesos),   en 2018 generaron más de 2 millones de empleos, del total de vivienda que se genera en el país 70% está desarrollada por la CANADEVI, que el 87% de los asociados son micro, pequeños    y medianos empresarios y destacó que generan bienestar social, construyen vivienda con calidad y han construido 285 mil equipamientos, entre educativos, comunitarios y de salud.

Refirió los cuatro principales rubros afectados al declarar al sector de la vivienda como no esencial: oferta, la restricción de ésta puso freno en la construcción y se cayó la contratación de personal; demanda, el cierre de las oficinas de venta causó reducción de la demanda debido a menor actividad económica; financiamiento, incertidumbre de la banca comercial para continuar financiando proyectos, cancelación de nuevas líneas y falta de líneas de crédito para capital de trabajo; empresas,

que enfrentan falta de liquidez, probable quiebre de algunas y endeudamiento.

 

Con relación a los retos que enfrentan, mencionó cuatro ejes: proteger a la demanda; financiamiento individual; apoyo para continuar produciendo vivienda; y protección de empresas.

 

 

 

 

Méndez Dávalos mencionó que las expectativas que tienen para la recuperación, tras la designación como actividad esencial, son recobrar la confianza para generar certidumbre en la compra de patrimonio; comunicación constante entre la industria, la cadena de valor y el gobierno federal y destacó que un gran reto es diseñar esquemas de atención para la economía formal e informal, explicó que del total de la población económicamente activa (57 millones), el 56% son informales y el gran reto es poder atenderlos con esquemas adecuados, de ahí la necesidad de crear un Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores sin Seguridad Social.

Dijo que como Cámara el objetivo es incrementar en 1% el Producto Interno Bruto al término del sexenio, a través de las siguientes acciones: construcción de 370 mil viviendas nuevas entre 2022 y 2023; generar 2.8 millones de empleos entre 2022 y 2023; invertir 173 mil 900 millones de pesos, de los cuales 95% son de origen privado; generar casi 23 mil millones de pesos  de impuestos federales para el año 2021 y con esto contribuir al PIB con un billón 596 mil millones de pesos hacia el 2024. Concluyó señalando que México tiene un déficit de 9.2 millones de vivienda y el reto es realizar entre 370 y 500 mil viviendas nuevas al año.

En su intervención, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones   y Tractocamiones (ANPACT), señaló que cuentan con 14 asociados, 11 plantas manufactureras de vehículos y dos plantas de re-manufactura de motores en ocho entidades de la República Mexicana, a nivel mundial son el exportador número uno de tracto camiones, cuarto exportador de vehículos pesados y sexto productor de vehículos pesados de carga. Indicó que son parte de la cadena de valor de la industria del autotransporte, motor de la logística que mueve el 56% de carga nacional, 71% del valor de las mercancías de comercio internacional con EUA, 100% de las mercancías y camiones de reparto y distribución en las ciudades; mueven al 96% de los pasajeros entre entidades federativas, representan hasta el 6% del PIB y generan más de 2.5 millones de empleos.

Apuntó que los vehículos que producen atienden todas las actividades económicas de Canadá, Estados Unidos y México y consideró que sus vehículos son un bien productivo, no un bien de lujo. Añadió que en lo que va de 2020 se aprecia en este sector una disminución del 24.1% en la producción acumulada a marzo, una disminución del 20.8% de las exportaciones; resaltó que el impacto más fuerte y negativo (48.1%) fue en el mercado interno al mayoreo y 42% en el mercado interno al menudeo. Recordó que 2019 fue un año récord en producción y exportación, no así en el mercado interno, que se estancó con alrededor de 40 mil unidades.

Señaló que, en relación con el desempeño mensual en producción, desde octubre de 2019 inicia una caída que se estabiliza en marzo, es decir se inició el 2020 con una disminución en la producción, que se estanca en febrero y marzo

En el caso de las exportaciones, que representan el 85% de la producción, usualmente repuntan en marzo y hoy no sucedió; se empieza a ver el impacto de la pandemia y cautela por la renovación vehicular en Norteamérica.

Para el caso de las ventas al mayoreo, indicó que hay dos datos importantes: el efecto de pre compra causado por la normativa 044 de SEMARNAT, referente a tecnologías ambientales más limpias, pero al no haber incentivos verdes, se compra la tecnología vigente y se retrasa la introducción de tecnologías avanzadas, con el problema de que no habrá diésel de ultra bajo azufre combustible para los nuevos vehículos, por lo que la caída en la renovación vehicular, si no se ajusta la norma 044 para que convivan ambas tecnologías, sería prácticamente a cero. El segundo punto es que en abril de 2020 se observa una fuerte caída en el mercado interno, que representó el 76.9% respecto al año pasado y esto es atribuible al tema de la pandemia.

En las ventas del distribuidor al transportista ya no se ve el efecto de la normativa 044, pero sí se observa el impacto en la caída de más del 75% de las cifras en abril, reflejo de la parálisis de la actividad económica.

Miguel Elizalde compartió que entre los sectores recién declarados esenciales y que iniciarán labores el próximo 1º de junio     está incluido su sector, y que en esta etapa de preparación las empresas deben cumplir con todos los puntos solicitados por la autoridad, dijo que varias de ellas se encuentran en espera de su autorización, y dentro del compromiso que tendrán destacó que se privilegiará el cuidado y la salud de los colaboradores y no se abrirá una empresa si no demuestra que cumple con los protocolos. Finalmente, consideró importante impulsar planes de renovación vehicular y mencionó cinco puntos para impulsarla: estímulos verdes, financiamiento, profesionalización, actualización del marco regulatorio y supervisión del mismo.

Concluyó esta presentación sectorial Hugo Gómez Sierra, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), quien aseguró que “sin energía eléctrica nada se mueve”, indicó que su sector participa desde la generación de la energía, su transmisión y distribución y están presentes en todos los aspectos de la vida. Señaló que entre los productos que se manufacturan en esta industria, están generadores, controladores, cables, torres de transmisión, electrodomésticos, aires acondicionados, escaleras eléctricas, elevadores, soldadoras, etcétera, es una industria muy amplia y de alto contenido nacional.

Agregó que representan el 3.1% del  PIB  industrial,  el  0.5%  del PIB nacional, generan 195 mil empleos directos de alta especificación y exportan alrededor de 37,360 millones de dólares, que representan entre el 8-9% de las exportaciones nacionales. Destacó que CANAME cuenta con un Centro de Competitividad e Innovación para asesorar y capacitar en el desarrollo de  tecnología  e  innovación  a  las  empresas  que  lo requieran, vinculándolas con los diferentes programas de gobierno y con las empresas tractoras.

En el tema de la exportación de manufacturas eléctricas, indicó que actualmente tienen relación comercial con 186 países en los cinco continentes, y que son una industria superavitaria.

Comentó que han tenido un 7.9% de crecimiento anual en sus exportaciones, arriba del promedio nacional y del promedio de los crecimientos de las exportaciones, con un 71% de crecimiento en los últimos 10 años, dato relevante porque pertenecen a una cadena de suministros y a una cadena de mercado regional; destacó que están vinculados con la región norteamericana y es muy importante que continúen así.

El presidente de CANAME indicó que tienen cinco ejes en los que trabajan todos los días: política industrial y energética; normalización y evaluación de la conformidad; comercio exterior y mercado interno; representatividad y gobierno; e innovación y competitividad.

Señaló que desde el primer día fueron declarados como industria esencial, por lo que han estado en actividad suministrando productos a los proyectos de CFE y a los de  infraestructura  crítica, pero a pesar de ello relacionó los principales problemas que se han presentado en las empresas debido al COVID-19, resaltando una disminución importante en la demanda, así como enfatizó el problema de la falta de insumos, pues al ser una industria verticalizada, con suministradores nacionales, como es el caso de la minería, -que recientemente fue liberada- afectó con su cierre puntos críticos de suministro para continuar con la actividad industrial.

Entre las medidas sugeridas como apoyo para las empresas resaltó el permitir la operación de la cadena productiva atendiendo a estrictas medidas de protección sanitaria y aseguró que pertenecen a una industria muy regulada que, para mantenerse trabajando, ha establecido desde antes de la crisis protocolos muy estrictos de operación, higiene y salud.

En relación a los temas de preocupación del sector, Hugo Gómez mencionó:

  • Falta de inversión en el sector eléctrico, explicando que del universo de proyectos de transmisión y distribución contemplados por CFE para 2019 y 2020 sólo se ha adjudicado el 15%, a pesar de ser proyectos que tienen presupuesto y, en el caso de proyectos de generación, se han concursado 43% sin que se haya adjudicado ninguno hasta el
  • Conocer el Plan de Inversión en el Sector Energético, desde el año pasado se emitió un plan de infraestructura y quedó pendiente la parte del sector energético, en múltiples ocasiones  se ha ido recorriendo la fecha y a finales de abril se pospusieron las acciones y se dejaron como parte del proyecto de recepción los de generación eléctrica; a la fecha siguen sin
  • Reglas claras de mercado, comentó que se han dado cambios en las  condiciones  de  despacho  de  energía   eléctrica   por   parte   del   CENACE,   lo que inhibe la inversión privada y limita las energías renovables.  Y  en  relación  a  la  Ley  de la Infraestructura de la Calidad, actualmente presentada en la Cámara de Senadores, dijo que fueron excluidos de participar, por lo que solicitan que se inicie un proceso de parlamento abierto activo con escucha.

Los voceros del COVID-INDUSTRIAL presentaron tres propuestas de CONCAMIN para enfrentar la crisis por el COVID-19:

Mantener la mesa de coordinación que ha venido trabajando entre la CONCAMIN y las secretarías de Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores y el IMSS para organizar el reinicio de operaciones. Es importante el funcionamiento permanente de esta mesa para que dé seguimiento y ofrezca solución a los problemas que puedan irse presentando en empresas y localidades específicas, coordinando la participación de los órdenes de gobierno.

2. Crear una mesa de coordinación entre el sector industrial y el gobierno federal, con la participación de los trabajadores para construir un plan para la recuperación económica nacional después del COVID-19. Es fundamental que juntos, el gobierno y la industria, construyan un balance de los daños económicos y los riesgos sociales que deriven del COVID-19 y un plan integral para la más pronta y plena recuperación de la economía
nacional.

3. Que el gobierno federal emita los listados de proyectos en infraestructura y energía con financiamiento exclusivo del sector privado para detonar la inversión y el crecimiento económico. Detonar la inversión privada en infraestructura y energía es urgente y necesario, especialmente tomando en cuenta la creciente precariedad de los recursos públicos para el ejercicio 2020 y la urgencia de acelerar la recuperación económica del país. Con estos proyectos, podría haber inversiones privadas por más de tres millones de millones de pesos, equivalentes a 12 puntos del PIB.

En el tema energético, Alejandro Malagón se dijo satisfecho de que el Poder Judicial haya hecho uso de sus facultades y tomara su autonomía, demostrando congruencia a la constitucionalidad.

Sobre este mismo tema, Raúl Picard agregó que las inversiones del sector eléctrico son de 95 mil millones de dólares, pero Moody’s ve riesgos en el sector eléctrico,  dijo no entender cómo la Secretaría de Energía y el Director de la CFE, por resolver un problema derivado de la entrada de una norma que prohíbe utilizar combustóleo

con alto contenido de azufre en la industria marítima internacional, ellos decidan quemarlo, ignorando el tema de las energías limpias y con ello afectando la salud de todos, además de olvidar  que México tiene 13 tratados firmados con 50 países, a los  que  se  les  debe  dar confianza. Dijo que aunque la Corte haya decidido atender a las empresas que se ampararon, son inversiones y proyectos parados, hasta que el conflicto se resuelva. Pidió respetar los acuerdos y cuando exista algún problema discutirlos, e invitó a la CFE a empezar a invertir en energías limpias.

Posteriormente se dio paso a la sesión  de preguntas, donde destacaron las siguientes:

  1. ¿Qué opinión tienen sobre el plan de reapertura anunciado por el gobierno de la Ciudad de México?

Guillermo Funes contestó que el plan de reapertura presentado por el gobierno de la Ciudad de México tiene una estructura y una lógica en términos de priorizar la salud y posteriormente la parte económica. Consideró que es un plan bien integrado que contempla el de encontrar un equilibrio entre la parte económica y la protección y prevención; añadió que mucho dependerá de los semáforos y del esfuerzo que se haga para mover las fechas y que es importante coordinarse y trabajar todos juntos para sacar adelante al país. “El plan de la Ciudad de México es bueno y la industria está lista para apoyarlo”.

  1. ¿Cuánto le cuesta a una empresa implementar los lineamientos emitidos por las autoridades y si habrá MiPyMes que no puedan regresar no sólo por la caída en ventas, sino por lo costoso de la implementación de protocolos sanitarios?

Alejandro Malagón recordó que algunos de los invitados de semanas anteriores señalaron que el costo para reabrir dependía del tamaño de la empresa, pero podría ser hasta  de  20  millones  de pesos. Raúl Picard complementó la respuesta indicando que algunas micro y pequeñas empresas no tendrán espacio para implementar las medidas sanitarias requeridas, por lo que deberán trabajar en equipo para resolver el problema;

aseguró que hay ingenio y muchas empresas lo lograrán, aunque subrayó que dependiendo del tamaño de la empresa se darán las adecuaciones y habrá quienes desafortunadamente no puedan volver a abrir.

  1. Le preguntaron a Miguel Elizalde ¿cuántas empresas de su ramo ya mandaron solicitudes para regresar a operar, si alguna ya fue aprobada, qué porcentaje de empresas iniciarán el 1º de junio y si existe algún problema que impida el regreso a operaciones?

Elizalde indicó que son 13 plantas y la mayoría, si no es que todas, están en el proceso de llenar sus cuestionarios, dijo que un par de ellas ya habían obtenido su autorización, y se espera que en breve la obtengan más; recordó que no van a iniciar al 100%, pues cada una lo hará de manera gradual, cauta y ordenada y el porcentaje varía de empresa a empresa, algunas arrancarán con un 20% de los colaboradores, otras con el 60%, dependiendo de su tamaño, e irá aumentando conforme se vayan acomodando las variables de salud, demanda de productos de exportación, demanda de productos del mercado interno, etcétera. Sobre cuántas estarán operando el primero de junio, dijo que dependerá de cada caso, la mayoría está lista, están trabajando en su capacitación y en la implementación de medidas.

Sobre algún problema para la reactivación, señaló que son cadenas productivas y si algún eslabón de la cadena no se reactiva, repercutirá en toda la cadena.

  1. Al presidente de CANADEVI le preguntaron si ¿existe algún problema para que los miembros de esa Cámara puedan acatar los lineamientos de seguridad sanitaria y si han tenido contacto con el INFONAVIT?

Gonzalo Méndez indicó que no tienen ningún problema en poder cumplir los lineamientos que marca el Seguro Social, inclusive señaló que sus protocolos son mucho más robustos de los que solicitan cumplir la Secretaría de Economía y el Seguro Social. Los problemas que han tenido han sido sólo con la plataforma del propio Seguro, seguramente porque está saturada, por lo que han ido poco a poco llenando la autoevaluación, consideró que sí están preparados para el regreso e indicó que han trabajado muy de cerca con el INFONAVIT para fortalecer la demanda.

  1. Se ha dicho que se necesitan más pruebas de COVID 19 para la reactivación ¿cómo evalúan las respuestas del gobierno a ésta y a otras propuestas sanitarias?

Guillermo Funes dijo que éste ha sido un tema polémico, pero está claro que para poder reanudar actividades se debe evitar un nuevo brote de COVID, específicamente en el sector industrial; aclaró que la responsabilidad de las empresas es de la puerta de entrada hacia atrás, pero están conscientes de que debe haber cooperación de todos (gobierno, empleados, obreros, directivos) y consideró que las pruebas son fundamentales, por lo que se está valorando de qué forma se pueden usar como instrumento para evitar un problema al interior de las plantas y destacó que en este tema la coordinación con el Seguro Social tiene que ser muy eficiente.

  1. Le preguntaron al presidente de CANAME ¿qué tan peligroso es que México pierda competitividad debido a las medidas del gobierno federal y que pueda quedarse sin energía eléctrica?

Hugo Gómez Sierra dijo que es un hecho que la energía eléctrica es un insumo fundamental en toda la industria y que antes de la pandemia ya se tenía un problema de competitividad en el costo de la energía eléctrica, comparado con la región de Norteamérica, particularmente con Estados Unidos, de arriba del 40% más cara, y si a esto se le suma el tema de la energía renovable, que es más barata, pero que la van a impedir, incluyendo en la matriz energética el combustóleo, ello implicaría subir el costo de la tarifa, lo cual incrementaría e impactaría en la competitividad y seguramente no lo van a hacer en el costo residencial porque tiene implicaciones políticas. En relación a que México se quede sin energía eléctrica, dijo que hoy el sistema tiene una reserva, que antes del COVID ya estaba en la parte de transmisión muy comprometida en algunas regiones del país; si las inversiones no están en tiempo, se puede empezar a tener falta de suministro eléctrico.

  1. Le preguntaron al Presidente de CONCAMIN ¿cómo llega la industria al arranque del T-MEC, si podrá hacer frente a los retos que implica, y si las reuniones con la Secretaría de Economía y los gobernadores han logrado acuerdos para reactivar otros sectores?

Francisco Cervantes puntualizó que el arranque del 1º de junio tendrá algunas complicaciones porque no arrancan al 100%, “pero sí vamos a cumplir,  han  sido muy dinámicos los protocolos y quiero felicitar a todos los empresarios, a los presidentes de las cámaras, porque el Seguro Social está informando que más del 95 % de las grandes, medianas   y pequeñas industrias han cumplido perfectamente y ya tienen los protocolos autorizados, lo cual habla de una gran responsabilidad de parte de la industria”. Enfatizó que  también  en  EUA  hubo  una afectación fuerte y tampoco ellos están arrancando al cien  por  ciento,  por lo que la industria mexicana llega equilibradamente con sus socios del T-MEC, principalmente del sector automotriz.

Añadió que con la Secretaría de Economía y con los gobernadores se está trabajando bien y de manera coordinada, solicitándoles ayuda y acompañamiento de las secretarías de Salud, Trabajo y Desarrollo Económico para la reapertura, “ciertamente hay algunos estados que tienen  más  desarrollada  la  pandemia  y los gobernadores están siendo muy precavidos con la apertura, debemos estar pendientes de los semáforos en las entidades, es complicado, pero somos cuidadosos con los protocolos para  evitar que no haya  brotes  dentro  de  las industrias”, y destacó que se toman medidas por encima de lo que exige la autoridad.

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