Reforma Fiscal 2020

Por: Pedro Higuera Velázquez Presidente de la Comisión Fiscal de CONCAMIN

Para el presente año entran en vigor diversas reformas fiscales tendientes a fortalecer los ingresos tributarios, y se implementan reformas en materia penal fiscal. Si bien la reforma del 2014 fue de gran alcance, la del año 2020 tiene un gran contenido e implicaciones para los contribuyentes.

La Reforma Fiscal considera los siguientes aspectos:

1) mayores  facultades discrecionales a las autoridades fiscales;

2) se incorporan figuras novedosas para identificar prácticas  fiscales  que  afecten al fisco federal;

3) se restringen algunas deducciones fiscales;

4) se incorporan reglas de  recaudación  y  fiscalización para regular el comercio digital;

5) se incorpora la retención del Impuesto  al Valor Agregado por servicios donde se ponga a disposición personal.

En el presente análisis me enfocaré solamente a aquellas reformas relacionadas con las facultades de las autoridades fiscales, así como aquellas con efectos en el cumplimiento de determinadas obligaciones para los contribuyentes. Dichas reformas harán que las empresas fortalezcan sus controles internos y de vigilancia para evitar incurrir en incumplimientos que deriven en infracciones, sanciones o incluso responsabilidades.

A continuación, analizo diversas reformas contenidas en el Código Fiscal de  la  Federación.

Norma anti-abuso. Será relevante para los contribuyentes en la realización de sus operaciones, tener un adecuado sustento de  la razón de  negocios de las mismas, beneficio económico que el fiscal. Lo anterior derivado de una nueva norma que pretende  identificar  operaciones que  no  tengan  una  razón  de  negocio y ello genere un beneficio fiscal, de tal forma que  si es mayor el beneficio fiscal al económico se consideraría que no hay razón de negocios. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocio y que generen un beneficio fiscal, podrán tener dos consecuencias: a) ser recaracterizados a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico perseguido y b) desconocer los efectos fiscales que le dio el contribuyente a la transacción. La aplicación de esta regla será dentro del ejercicio de  facultades  de comprobación, se hará por medio de un órgano colegiado  entre SHCP y SAT, a efecto de dejar esta facultad en niveles jerárquicos adecuados. La aplicación de esta norma no generará consecuencias penales. Se precisan diversos supuestos para considerar la razón de negocios, y con ello hacer una mejor valoración.

Restricciones en sellos digitales. Un sello digital permite a los contribuyentes emitir  sus  comprobantes  digitales   por sus ventas, prestación de servicios, o arrendamientos de bienes.

Se incorporan nuevas causales para suspender un sello digital, cuando se incurra en determinados incumplimientos, por ejemplo: I) si no se proporciona adecuadamente el medio de contacto del contribuyente en el buzón tributario;

II)  en el caso de operaciones simuladas que no se hayan comprobado dentro de los plazos establecidos ante las autoridades fiscales la efectiva adquisición  de  bienes o servicios;  111)  que los ingresos declarados y/o retenciones no coincidan con los CFDl’S en poder de la autoridad, entre otros supuestos.

Se incorpora un cambio positivo en el sentido de establecer  un procedimiento  previo a la cancelación del sello digital, a efecto de restringir temporalmente el uso del mismo, y tan pronto el contribuyente inicie su proceso de aclaración se reestablecerá el uso del certificado al día siguiente al de su solicitud de aclaración, ello ayudará a evitar que se afecte la operación de las empresas. La autoridad deberá  resolver en  un plazo máximo de 1O días y también se establecen plazos para que la autoridad emita requerimientos para que el contribuyente aclare su situación fiscal. Si después de valorar la información aportada la autoridad considera que no se desvirtuaron los supuestos, se procederá a la cancelación del sello digital.

 

Efectos fiscales por realizar operaciones con proveedores publicados como definitivos por operaciones simuladas. Es importante que las empresas fortalezcan sus controles internos a fin de realizar  una  mejor  selección  de  su proveeduría  y con ello no realizar operaciones con contribuyentes que pudieran ser publicados como simuladores de operaciones.

Será causa para dejar sin efectos el certificado de sello digital, cuando la autoridad detecte que los contribuyentes no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal de operaciones celebradas con contribuyentes publicados como definitivos en operaciones simuladas, a fin  de que en tanto dichos contribuyentes no acrediten los extremos mencionados, se vean impedidos a facturar.

Destaca que mediante disposición transitoria, se establece que para aquellos contribuyentes que no hubieran aportado dentro de los plazos establecidos elementos para demostrar la realización de la operación, con contribuyentes que realizan operaciones simuladas, deberán eliminar los efectos fiscales a dichos comprobantes en los primeros tres meses del año 2020 (es decir, excluir las deducciones y acreditamientos realizados); al respecto es importante estar atentos a conocer el criterio que tendrá PRODECON en estos casos.

Quienes den efecto a operaciones realizadas con proveedores publicados por simular operaciones, podrán ser sujetos de una sanción que va del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal.

Habrá responsabilidad solidaria para los socios o accionistas, así como para el administrador único, cuando el contribuyente  no  hubiera  acreditado  la  realización de una operación con un proveedor publicado como definitivo por operaciones simuladas.

Además de lo anterior hay que tener en consideración los efectos penales que más adelante señalo .

Por ello es conveniente que además de fortalecer las medidas de prevención en el control interno y de auditoría interna, para no incurrir en operaciones simuladas, resulta necesario apoyarse de herramientas tecnológicas que ayuden a identificar aquellos posibles proveedores publicados, a efecto de atender oportunamente la demostración de la realización de las operaciones y en su caso corregir la situación fiscal de la empresa.

La autoridad podrá dar a conocer aquellos casos de personas físicas o  morales que se ubiquen en el supuesto previsto en el octavo párrafo del artículo 69-B del CFF, es decir, que le den efectos fiscales a comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin que hayan acreditado la materialidad de las operaciones o hayan corregido su situación fiscal.

Responsabilidad solidaria. Habrá responsabilidad solidaria a la dirección general, la gerencia, administración única, y a socios o accionistas, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral, cuando: I) se omita el   entero de retenciones; II)  no    se localice al contribuyente en el domicilio  fiscal; III) se trate de contribuyentes considerados como EFOS publicados de manera definitiva (expide facturas); IV) EDOS que son los que deducen dichas facturas y no hubieran acreditado la realización de las operaciones. Además de cuando existan otros incumplimientos de la sociedad, actualmente ya previstos.

Prevención de omisiones e identificación de riesgos. Se otorgan facultades a las autoridades fiscales para decidir el otorgamiento de la firma digital para casos de contribuyentes evasores o incumplidos.

El SAT tendrá atribuciones para impedir que haya contribuyentes con una e.firma vigente, cuando a su consideración no se han acreditado plenamente los datos de identidad, domicilio y situación fiscal de un contribuyente.

Revelación de esquemas reportables. La Acción 12 del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) considera la revelación de esquemas y estrategias de planeación fiscal de los contribuyentes. Serán esquemas reportables al SAT cuando genere la obtención de un beneficio fiscal en México en el que:

 

  • Evite intercambio de información fiscal entre SAT y autoridades
  • Evite reconocer los ingresos de entidades extranjeras transparentes y de figuras jurídicas.
  • Se transmitan pérdidas fiscales a personas distintas a las que la generaron.
  • Cuando exista una serie de pagos u operaciones interconectadas por las que retornen a la persona que lo efectuó o algún socio o parte relacionada de éste.
  • Aplicación de convenios para evitar doble tributación, por ingresos que no estén gravad os .
  • Operaciones entre partes relacionadas: transmisión de activos intangibles dfíciles de valorar; reestructuras empresariales sin contraprestación por transferencia de activos, funciones y riesgos o implique reducción de utilidad de operación; se transmitan o concedan uso o goce de bienes y derechos sin contraprestación; no existan comparables fiab les.
  • Se evite constituir establecimiento permanente .
  • Transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra parte relacionada .
  • En mecanismos hibrídos.
  • Evite identificar beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo el uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designad os .
  • Cuando hay pérdidas por concluir su amortización y se generen utilidades fiscales.
  • Evite la aplicación de la tasa del 10% de
  • Se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgueel mismo al arrendador o parte relacionada.
  • Operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%.
  • Será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de los supuestos anteriores

Se prevé una sanción económica que va del 50% y hasta el 75% del monto del beneficio fiscal  para  el  contribuyente que no revele la operación o lo haga de manera incompleta o con errores, además de dicha sanción, no se podrá aplicar el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable. Además de otras sanciones que van de $50,000 hasta $2,000,000.00. También se establecen multas a los asesores, de entre 15,000.00 y hasta de 20 millones.

La obligación de revelar esquemas implementados es a partir del 2020, también deberán informarse los implementados previos a dicho ejercicio cuando surtan alguno de sus efectos en el ejercicio fiscal 2020 o posteriores.

A  partir  del  2020  los  asesores revelarán la información de esquemas reportables, pero en el caso de aquellos implementados con anterioridad al 2020, serán los contribuyentes quienes los revelarán. No se llevará un registro de asesores, por la carga administrativa que ello implica.

Se precisa que la información no podrá ser usada como antecedente de investigación por la posible comisión de delitos.

Se otorgan facultades  para  practicar visitas domiciliarias a  los  asesores  a  fin de verificar el cumplimiento de esta obligación.

Los plazos para cumplir las obligaciones empezarán a computarse a partir del 1º de enero del 2021 en lugar del 1º de julio del 2020.

Si el asesor presta servicios a través de una persona moral, no estará obligado a revelar si lo hace la persona moral. El SAT asignará número de identificación del esquema y el asesor fiscal debe proporcionarlo a cada contribuyente que tenga intención de implementar un esquema. El contribuyente debe incluir dicho número en su declaración anual del ejercicio o siguientes en su caso. El asesor fiscal presentará declaración informativa en febrero de cada año, con lista de nombres de contribuyentes y RFC a los que se les brindó asesoría fiscal referente a un esquema reportable.

El contribuyente estará obligado a revelar esquema reportable, entre otros, cuando: i) el asesor fiscal no le proporcione número de identificación del esquema reportable, ni proporcione constancia que señale que el esquema no es reportable; ii) si el esquema fue diseñado, organizado, implementado por el contribuyente; iii) cuando el asesor fiscal sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México; iv) cuando exista impedimento legal para el asesor para revelar; v) si hay acuerdo entre las partes para que sea el contribuyente quien revele.

Reforma Penal Fiscal. Entran en vigor a partir del 2020 reformas a los siguientes ordenamientos: Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal.

De manera general, se podrá considerar como amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada a la defraudación fiscal o su equiparable,  cuando el monto de lo defraudado supere 7.8 millones de pesos, y en tanto se acrediten determinados supuestos. Asimismo se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para instaurar la prisión preventiva oficiosa, cuando: i) la defraudación fiscal o su equiparable supere el monto antes señalado y sea considerada como calificada,  o ii) tratándose de la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, cuando las cifras, cuya cantidad o valor de los mismos supere el monto de 7.8 millones de pesos.

En relación con el tráfico y uso de comprobantes, en la reforma «penal-fiscal» se lograron dos situaciones: i) establecer un umbral para la configuración del delito (7.8 millones de pesos) y ii) que para que proceda la acción penal exista querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esto es importante, ya que, conforme a la reforma inicial publicada en el DOF el 16 de mayo de 2019 a los artículos 113 y 113-Bis del CFF, era punible la conducta sin límites ni requisito de querella, lo que podría impactar negativamente la esfera jurídica del contribuyente.

Como ya se ha mencionado, este gobierno tiene  previsto  realizar  una  amplia reforma fiscal, en la misma será oportuno analizar y debatir reformas que den mayor certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes. Es necesario que tengamos un sistema tributario que fortalezca la seguridad jurídica, en donde tanto contribuyentes como gobierno en forma conjunta implementemos mejores prácticas fiscales.

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